Cuando el gobierno nacional envió al Congreso la Ley de Bases, nadie pensaba que mientras se iban descubriendo los diversos planteos iban a existir tantos cuestionamientos. Día a día escuchamos algún sector molesto o cuestionando algún punto de esta “ley madre” tal como la entiende el propio Javier Milei.
Ayer publicamos que uno de los puntos claves para el sector productivo agropecuario generó el rechazo de tres entidades del sector (CRA, SRA y FAA) quienes en conjunto emitieron un comunicado por la intención de que se adhiera al UPOV 91 (Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales).
Conocer esa modificación derivó, en el comunicado, cuestionando las modificaciones planteadas en la ley de semillas. Explican que es “inoportuna la propuesta de adhesión a UPOV 91 y abogamos por retirarla del proyecto de Ley de Bases. Proponemos abordar este tema en una actualización integral de la Ley de Semillas, escuchando y participando todos los sectores que nos vemos involucrados”.
En diálogo con TodoAlfalfa, Pablo Ginestet, coordinador de la comisión de agricultura de CRA fundamentó los rechazaos a esta iniciativa indicando que se debe a la falta de discusión integral y consenso sobre cómo actualizarla. Hay miedo a que este cambio brinde mayor poder a los semilleros y limite el uso propio de los productores.
“Dentro del proyecto de ley base que presentó el Gobierno, en el artículo 241, que es un renglón y medio, dice que Argentina se adhiere al convenio UPOV 91, eso nada más”, indicó.
¿De qué se trata? “es un convenio internacional que adhirieron los países, que habla y reglamenta o dicta las normas sobre las cuales se deben legislar en cuanto a lo que es propiedad intelectual, derechos y usos sobre el tema semillas”
Ginestet reconoce que “la ley actual es vieja y debe ser actualizada”, pero entiende que cambiar eso “sin discutir una nueva reglamentación o tener algún acuerdo de hacia dónde vamos a ir en semillas” es complejo.
El integrante de CRA sostiene que deben “charlar de manera integral todo el problema de la ley de semillas, cómo actualizarla, y ahí ver si es necesario adherir a UPOV 91 o no”. Acto seguido ejemplificó: “Uruguay y Brasil, que son ejemplos (hasta los semilleros lo dicen) no tienen un UPOV 91, están en un UPOV 78 y funciona todo bien, y tienen la mejor genética o la última”.
El principal problema
La desconfianza de los firmantes del escrito radica en la reglamentación que proponen desde el Ejecutivo “los derechos de la semilla son exclusivos del obtentor, del que patentó la variedad, y después los usuarios (que venimos a ser los productores) si queremos hacer uso, tenemos que pedir autorización al dueño para poder hacerlo. Eso da un poder a los semilleros muy importante”, apuntó.
Cabe destacar que en la actual forma UPOV 78 “extingue los derechos a los semilleros una vez que vendió la bolsa de semillas”, explicó algo que se modifica con la actual iniciativa que extiende derechos de los semilleros hasta el producido de la cosecha”.
“Se empieza a abrir la puerta a un montón de cuestiones que tienen que ver con patentes, negocios en el exterior, y a lo mejor una exportación a China termina bloqueada porque no exigieron los derechos apropiadamente en el país”, graficó.
Por lo tanto, y para concluir, propone modificarla pero siempre que haya una previa discusión y que se logre “algo equilibrado que no le dé ni todo el poder a las empresas, ni que sea hoy el uso propio irrestricto que tienen los productores”.
Coninagro, no firmó…
Llamó la atención que en el comunicado no se haya sumado Coninagro. Su presidente, Elbio Laucirica, explicó en diálogo con Valor Agro: “este tema de UPOV 91 lo venimos estudiando ya desde hace algún tiempo en Coninagro, junto a los técnicos que nos representan en el INASE. Lo analizamos más en detalle y la conclusión fue que no habría ni perjuicios ni beneficios para el productor y por otra parte sí habría beneficios para acceder a mercados de exportación”.
“Por eso no quisimos sumarnos al comunicado de Sociedad Rural, CRA y Federación Agraria, ya que en este momento no vemos razones para rechazar y sí para insistir en la necesidad que se constituya el directorio del INASE, se hagan los controles e inspecciones con respecto al uso propio que la ley hoy vigente prevé, al efecto de salvaguardar justamente los derechos del pequeño y mediano productor en hacer el uso propio”, agregó.
Además, remarcó que “esto ya fue oportunamente planteado el secretario Vilella y si bien las razones esgrimidas para la presentación de la ley ómnibus en cuanto a acceder a materiales genéticos y tener avances con mayores rindes en la producción, nosotros entendemos que esa mayor productividad y rindes requiere más de políticas públicas que promuevan la inversión, tecnologías de producción”.
“Actualmente el paquete tecnológico disponible por los productores es de vanguardia y no obstante esto sí planteamos que hay producciones vinculadas a genéticas de plantaciones perennes, ejemplos cerezas, que podría beneficiarse con nuevos materiales que aportan los institutos de investigación como es el INTA en este caso mencionado”, concluyó.
Desde la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) también se manifestaron tras conocerse el párrafo que habla de esta modificación. Alfredo Paseyro, Gerente General de ASA, brindó una entrevista a Agrofy News y sostuvo que esta iniciativa “propone un cambio de manera rápida, con señales al mundo, sobre todo en lo que es inversiones».
Argentina «vino perdiendo competitividad, rinde y calidad por no tener un ordenamiento entre el obtentor (mejorador de variedades vegetales) y el uso propio de semillas por parte de los productores», apuntó.
Por eso, considera que la propuesta de adhesión de la Argentina a UPOV 91 «es una señal», aunque entiende que no será la solución a los graves problemas.
También aclaró: «Nuestro marco normativo tiene ya aspectos de la UPOV 91». Y enumeró que están los 20 años de protección, que la Argentina ya los tiene, la identificación de especies que hace el INASE, los métodos de mejoramiento (reconocer cuándo una variedad es realmente nueva) y el último punto que está en discusión: el uso propio.
De esta forma, desde ASA destacan que sumarse a UPOV 91 es positivo en términos de señales, pero aclaran que falta que el Estado regule a través de leyes. «Es un ordenamiento de cosas que ya están», remarcó Paseyro y enumera que están adheridos todos los países de la Unión Europea (27 países), Japón, Israel, Canadá, Estados Unidos, Perú y Costa Rica. Y que, si bien no hay otros países del Mercosur, Brasil y Uruguay tienen legislación que protege a productores y obtentores.
